Desde el año 2000, en México empezaron a vislumbrarse los primeros proyectos forestales de captura de carbono, donde propietarios de la tierra han estudiado el potencial de captura de carbono de un bosque, con base en ecuaciones de crecimiento de los árboles, para garantizar la conservación de la biodiversidad.

Los proyectos de captura de carbono son certificados por instancias internacionales como la Reserva de Acción Climática (CAR, por sus siglas en inglés) y el Estándar de Carbono Verificado (Verra Standard). Una vez que los proyectos cumplen con los requisitos que marca cada metodología, son autorizados a emitir créditos de gases de efecto invernadero (GEI) negociables, denominados Unidades de Carbono Verificadas (VCU, por sus siglas en inglés) o bonos de carbono.

Esas unidades o bonos de carbono pueden venderse en el mercado abierto y retirarse por individuos y empresas, como un medio para compensar sus propias emisiones. Cada bono representa una tonelada métrica de emisiones de gases de efecto invernadero reducidas o eliminadas de la atmósfera.

La Bolsa Mexicana de Valores registra la transacción de entre 700 mil y 800 mil bonos de carbono por año, una cantidad muy inferior a la meta fijada en el Acuerdo de París para reducir 27 millones de toneladas de carbono anuales en México.

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Un bono de carbono se cotiza entre 10 a 15 dólares en México y hasta 80 euros a nivel internacional, dependiendo de la magnitud del proyecto oferente
OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE CARBONO PARA GOBIERNOS LOCALES
La Ley General de Cambio Climático, promulgada en junio de 2012, determina la implementación progresiva y gradual de un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), con el objetivo de promover reducciones de GEI.

Los participantes del SCE podrán llevar a cabo operaciones y transacciones que se vinculen con el comercio de emisiones de otros países o que puedan ser utilizadas en mercados de carbono internacionales.

Lo anterior posibilita a los gobiernos locales a ser oferentes de bonos de carbono, al tener bajo su resguardo bosques y arbolado urbano.

El Gobierno de la Ciudad de México fue el primer gobierno local en emitir bonos de carbono forestal en América Latina, en 2018. Recaudando 46 mil 908 dólares para apoyar la conservación y mantenimiento del bosque del Ejido San Nicolás Totolapan.

En 2019, el ayuntamiento de Toluca lanzó a la venta los primeros mil 887 bonos de carbono forestal, correspondientes al proyecto del Nevado de Toluca, en conjunto con los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec.

Un bono de carbono se cotiza entre 10 a 15 dólares en México y hasta 80 euros a nivel internacional, dependiendo de la magnitud del proyecto oferente.

“Necesitamos muchos proyectos que capturen emisiones de carbono, que involucran a las comunidades y a los municipios con el arbolado urbano. Queremos que los estados y municipios entiendan que el mercado de carbono es una fuente de financiamiento adicional”, comenta Eduardo Piquero, Director General de MexiCO2: Plataforma Mexicana de Carbono.

La plataforma es una empresa subsidiaria del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que apoya a gobiernos locales a desarrollar proyectos que capturen emisiones de carbono, no solo forestales, sino también en disposición de residuos sólidos, eficiencia energética, uso de paneles solares y transporte limpio. Actualmente, se encuentra asesorando el desarrollo de diversos proyectos de captura de carbono con gobiernos municipales y estatales.

“El mercado de carbono crea empleos sustentables, que son los empleos del futuro porque apoyan a la distribución de ingresos y a la economía circular”, agrega el directivo.

PROYECTO CARBIOIN
Desde el año 2000, la Integradora de Comunidades Indígenas y Campesinas de Oaxaca, AC (ICICO) opera el Proyecto Carbioin: Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena, el cual se origina en las comunidades productoras de café para la reducción de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2, y su posterior comercialización en mercados voluntarios nacionales e internacionales de carbono.

De 2008 a 2020, la superficie del Proyecto Carbioin era de un poco más de tres mil 500 hectáreas. Bajo un estándar ISO, logró secuestrar 246 mil 342.25 toneladas de CO2e, con un ingreso directo para las comunidades de 22 millones 416 mil 375.88 pesos.

En 2020, el proyecto obtuvo financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), lo que permitió aumentar la superficie a 21 mil 229.03 hectáreas.

Logrando secuestrar 274 mil 859 toneladas de CO2e, solo de 2020 a 2022, usando la metodología CAR, que es más de lo capturado en 13 años.

“Solo en esos dos años, ocho comunidades recibieron 3.4 millones de dólares; gracias a este trabajo, el proyecto está sobredemandado, prácticamente tenemos vendida toda la captura de carbono que podamos generar hasta 2026. Lo que nos dará ingresos superiores a 3.4 millones de dólares, porque los precios de los bonos de carbono se están incrementando”, refiere Rosendo Pérez Antonio, enlace internacional de ICICO.

Explica que el recurso se distribuye en la conservación y reforestación de los bosques y obras de beneficio social, desde compra de medicamentos hasta contratación de médicos e infraestructura de agua potable.

CASO HIDALGO
La Asociación de Silvicultores de la Región Forestal Pachuca y Tulancingo AC abarca 19 municipios y está integrada por cuatro mil 300 silvicultores que poseen ejidos y pequeñas propiedades, cuyo objetivo es el manejo y aprovechamiento forestal sustentable.

En su primera venta de bonos de carbono colocaron 37 mil unidades, con una inversión de 2 millones de pesos (mdp), obtuvieron un ingreso aproximado de 7 mdp, el cual se dividió entre 28 ejidos, que juntos suman cuatro mil hectáreas de bosques.

En su segunda venta, la asociación puso a disposición 20 mil bonos, que ya se están ofertando en el mercado voluntario de carbono.

“Lo que nosotros demostramos son los beneficios sociales y ambientales que conlleva el proyecto, porque no es obtener dinero, sino mejorar la condición de las personas que viven en los bosques y garantizar la conservación de los mismos”, señala Ángel Fernando López Barrios, Director Técnico de la asociación.

Advierte que no todos los predios son aptos para la comercialización, aunque capturen carbono, deben someterse a un procedimiento y si no cumplen con las garantías de salvaguarda de la metodología CAR, por ejemplo, no están en condiciones de colocar los créditos de carbono, aunque biológicamente el bosque haga esa función.

VISIBILIDAD DE PROYECTOS DE CAPTURA DE CARBONO
En los mercados voluntarios de carbono, diversas empresas o individuos que desarrollan actividades que generan emisiones de GEI hacia la atmósfera adquieren el número correspondiente de reducciones de emisiones certificadas y verificadas mediante la compra de bonos de carbono, sin embargo, es complicado conocer qué proyectos son los más rentables y en dónde se ubican.

Por ello, la empresa mexicana Toroto desarrolló la plataforma digital Metaregistro, que funciona como un mapa web para ubicar los proyectos y asignar visualmente una parcela que equivale a un bono, gracias al uso de sistemas de información geográfica y análisis territorial.

“Esta herramienta es innovadora porque cada bono tiene coordenadas geográficas y un color para diferenciar aquellos ya comprados por empresas o que están disponibles para venta. Entonces es prácticamente imposible que dos empresas tengan el mismo bono de carbono”, explica David Camhi de la Tejera, Director de Desarrollo de Tecnología y cofundador de Toroto.

Además, a través del blockchain puede verse el histórico de las transacciones y descargar los certificados de compra.

“La idea es que el Metaregistro lo usen todos los actores del mercado y así registrar el mayor número de proyectos en México y Latinoamérica, a fin de darles un mayor valor mediante la transparencia”, concluye.