El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, y la Ministra de Justicia, Pilar Llop, han destacado y aplaudido la colaboración y cogobernanza entre ambas entidades que ha hecho posible la puesta en marcha de las Oficinas Municipales de Justicia, una iniciativa que prevé la transformación de casi 7.700 Juzgados de Paz en centros desde los que ciudadanos y ciudadanas podrán acceder a servicios que van desde la obtención de certificados o licencias hasta declaraciones en los tribunales mediante videoconferencia, sin necesidad de desplazarse y con el asesoramiento de funcionarios de justicia. En el acto de presentación de estas Oficinas, celebrado esta mañana en la sede de la FEMP, ambos han subrayado las ventajas de un proyecto que vendrá a reforzar la capacidad de servicio de los Gobiernos Locales y que contribuirá, mediante la interconexión, a reducir la brecha digital que afecta de forma especial a residentes de pequeños y medianos municipios.

Para el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, la conversión de los Juzgados de Paz en Oficinas Municipales de Justicia va a representar un cambio muy importante en el territorio afectado por la despoblación, porque acercará a quienes viven allí “terminales de los procesos de desarrollo de acciones judiciales” y dotará a sus Ayuntamientos de nuevas capacidades de servicio ya que se trata de “enlaces globales de los Gobiernos Locales con el resto de las Administraciones”.

Tanto en materia de justicia como en lo que suponen en mejora de la interconexión, estas oficinas van a contribuir a reducir la brecha digital y a “facilitar la acción municipal”, mejorando las posibilidades de atención a colectivos vulnerables de estas áreas, como víctimas de la violencia de género y población envejecida. A juicio de Abel Caballero, además, la iniciativa representa el primer paso para adaptar el papel y el funcionamiento de los Gobiernos Locales españoles al “primer cuarto del Siglo XXI”, una adaptación que llega en el marco de la Justicia y que, ha destacado, también deberá llegar en otros ámbitos como la financiación o la Ley de Bases de Régimen Local.

Tanto el Presidente de la FEMP como la Ministra han destacado la oportunidad de los Fondos Europeos Next Generation EU para el avance hacia pequeños y medianos municipios de este proyecto al que Pilar Llop ha calificado como de “renacimiento de la justicia española”.

Llop ha explicado que las Oficinas, que forman parte de un modelo de Justicia 5.0, regido por normas de eficiencia organizativa, procesal y digital, han surgido en el marco de la cogobernanza y forman parte de un proyecto de país, ajustándose a los principios que rigen el PRTR y los Fondos NGEU. La titular de Justicia ha destacado la sostenibilidad digital al señalar que “no hay nada que cohesione tanto como acceder a un recurso de justicia en igualdad de condiciones. Eso es un elemento de cohesión social que tenemos que ver como un auténtico tesoro”. Los usuarios que accedan al servicio, ha asegurado, estarán acompañados de personal funcionario que les van a asesorar y ayudar de forma gratuita, “eliminando brechas digitales” para quienes no dispongan de ordenador o smartphone. Para ella, se trata de “un proyecto con alma, en el que estamos volcados” por esa vocación territorial que “quienes hemos sido senadores” y también responsables locales “llevamos en el ADN”.

Para el Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, las nuevas Oficinas vienen a reforzar la presencia del Estado en los territorios y apuntalan la administración de justicia.

Las nuevas oficinas

Las Oficinas Municipales de Justicia llegan con la Ley de eficiencia organizativa. Estas oficinas, cuya fase de pilotos está ya en marcha en algunos municipios de Albacete y muy pronto en Formentera, abrirán una puerta al servicio público de Justicia en los 7.700 municipios que las acogerán, con una oferta de servicios para sus vecinas y vecinos que actualizarán y multiplicarán gratuitamente los que ofrece el juzgado de paz; la ciudadanía no tendrá que desplazarse para informarse o hacer sus gestiones de manera segura con la justicia, cuestión de especial dificultad para grupos vulnerables como personas con diversidad funcional, mayores, menores y víctimas de delitos, especialmente de víctimas de violencia contra la mujer. En las Oficinas recibirán el apoyo de una persona, eliminando así la brecha económica y tecnológica. Abrirá una puerta a los tribunales porque gracias a la tecnología y a los equipos y espacios seguros se podrá conectar con ellos para que las personas puedan asistir por videoconferencia a juicios o realizar comparecencias; se podrá obtener información de procedimientos, copias de sentencias e incluso solicitar citas previas sin necesidad de desplazarse a otro municipio y sede en la que también existe el riesgo de exponer a las personas a una revictimización. También abrirá una puerta a la obtención de certificados.

Tal y como se ha señalado en la presentación, el personal que trabaja en los juzgados de paz consolidará sus puestos de trabajo mediante la asignación de nuevas tareas y funciones y su conexión con la oficina judicial se les dotará de equipos, un portal, formación y apoyo especializado durante el proceso de implantación y consolidación de las oficinas de Justicia en los municipios.

Rafael Lafuente, Director General de Justicia, ha explicado en este sentido que los juzgados de paz no desaparecen, sino que evolucionan aumentando el catálogo de servicios a través de los Ayuntamientos y ha incidido nuevamente en el componente humano del proyecto al señalar que “el contacto personal no se perderá, tan importante para las personas mayores o con dificultades”. Lafuente ha asegurado que las Oficinas de Justicia, que se irán desarrollando progresivamente, apenas supondrán costes para los municipios, que “sólo tendrán que utilizar sus espacios y ordenar la prestación del servicio”. En este sentido, ha destacado que las Entidades Locales van a aumentar su protagonismo para “llegar donde no lo hacen otras Administraciones”.

Posteriormente, ha tenido lugar una mesa redonda, moderada por la Directora General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, Judit Flórez, en la que han intervenido representantes de las instituciones que participan en los proyectos piloto. Así, Fabiola Solino, Jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Transformación Digital de la Justicia, ha apuntado que el nuevo proyecto va a aportar “más cercanía y mayor calidad”, y ha explicado algunas de sus características como el desarrollo de un portal digital con todos los servicios, el equipamiento tecnológico para los municipios y la formación de todo el personal implicado, tanto en el Ministerio como en los Ayuntamientos.

Miguel Zamora, Alcalde de Tarazona de la Mancha, ha afirmado que el proyecto piloto se ha realizado en una comarca que “representa muy bien la realidad de la España interior que más necesita la accesibilidad con la Administración” y lo ha calificado como “una revolución de la administración de Justicia que hará historia en el municipio”.

La Presidenta del Consell Insular de Formentera, Ana Juan Torres, ha expuesto “la ilusión” por una iniciativa que va a suponer «una mejora tan importante para nosotros en las islas, en ahorros de desplazamiento con un simple trámite electrónico”. Y, finalmente, Santiago Cabañero, Presidente de la Diputación de Albacete, ha dicho que la experiencia piloto “es un éxito” y ha señalado, “como municipalista y ruralista”, que el proyecto es una gran ocasión para igualar en oportunidades y un salto de modernidad, sobre todo para los más vulnerables”.